La noche de Iguala” – Esta frase ha hecho famosa a la ciudad de Iguala en el mundo. Como bien se sabe en México y más allá, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 la Ciudad de Iguala vivió un ataque. Un operativo de fuerzas de seguridad del estado coordinado con grupos armados del crimen organizado atacaron a un grupo de estudiantes normalistas de Ayotzinapa. En la “Noche de Iguala”, estas fuerzas asesinaron seis personas, hirieron a más de 10 y secuestraron a 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Bustos de Ayotzinapa, Tixtla, estado de Guerrero en México.
Ciertamente, en México ya nos habíamos acostumbrado a vivir un auténtico estado de guerra “de baja intensidad” pero la “Noche de Iguala” fue demasiado. Las consecuencias de esta guerra no declarada en México no son muy diferentes a las de cualquier guerra en el mundo. Esta peculiar guerra “a la mexicana” empezó quizás antes del año 2000, pero quién la anunció en grande fue el Presidente Felipe Calderón en el año 2006; de hecho la promovió como su política de estado más importante; la llamó “Guerra contra las Drogas.” Muchos en México dijeron que no, pero su fuerza política, el reaccionario Partido de Acción Nacional (PAN) le respaldó. También el gobierno de George Bush en Estados Unidos le felicitó efusivamente y poco después le ofreció una ayuda por $150,000 millones de dólares para comprar, entre otras mercancías, armas de alto poder producidas por corporaciones también de Estados Unidos. Las consecuencias de esta guerra son dolorosamente conocidos por el pueblo que las ha sufrido: militarización, anulación de los derechos civiles, impunidad, corrupción descarada y uso del presupuesto para contratar más soldados, comprar más armas y equipo militar; las consecuencias incluyen también un incremento de la violencia cruda, sádica y sin sentido; el asesinato, desaparición o secuestros de cientos de miles de personas; la proliferación de ataques armados encubiertos o abiertos a plena luz del día; asaltos de todo tipo; feminicidios y robo de infantes; ensañamiento contra los llamados “grupos vulnerables” ancianos, niños/as, personas LGTB, migrantes, mujeres, etc.; paranoia y sicosis social; y la descomposición del tejido social aumentando la desconfianza entre vecinos y disminuyendo el disfrute la vida comunitaria. Todo esto ya se había convertido en la vida cotidiana en muchos lugares en México, especialmente en el estado de Guerrero, y para muchos ya era un desastre “natural” como lo puede ser un incendio, un huracán o un terremoto. Pero la “Noche de Iguala” fue demasiado, nos sacudió del letargo y levantó a cientos de miles para decir “ya basta.”
Ciertamente hubo protestas previas, pero no fueron tan lejos. El movimiento “No más Sangre” encabezado por el poeta Javier Sicilia (después de que su hijo fuera una víctima más de la violencia sin sentido) llevó a miles a la calle, pero fue mediatizado por el Presidente Calderón; el poeta Sicilia perdió la brújula el día en que negoció y abrazó al siniestro presidente Felipe Calderón (Julio Hernández López, La Jornada, 24 de Junio, 2011). El descrédito y la rabia arrojaron al PAN del poder en 2012; fraude aparte, millones prefirieron votar por Enrique Peña Nieto y el corrupto Partido de la Revolución Mexicana (PRI); lo hicieron en parte por el subliminal mensaje del PRI: como mafia que somos sabemos cómo tratar con la mafia criminal y controlar la guerra y la violencia. Pero en 2013, el nuevo presidente priista traicionó inmediatamente a su pueblo. En reunión con el mandatario del imperio, Barack Obama, Peña Nieto aceptó seguir --ciertamente con remilgos-- la colaboración con la agenda de seguridad de EUA, especialmente en la llamada “Guerra contra las Drogas.” Siguieron entonces reinando la crueldad y la corrupción. ¿Cómo expresar en unas cuantas palabras el horror, sufrimiento y dolor producido por 12 años de guerra? ¿Cómo poner rostro a la fría cifra de cientos de miles de familiares, amigos o colegas asesinadas, desaparecidas, violadas o torturadas? Estos insólitos números compiten con la fuerza de la muerte en países con guerras “declaradas” como Iraq y Siria. Pero la Noche de Iguala nos despertó, levantó y sumó los dolores e indignaciones para producir uno de los movimientos sociales más importantes, impactantes, difundidos y apoyados nacional e internacionalmente.
Quizás los capos y policías que operaron esa noche, o sea los criminales dentro y fuera del gobierno, pensaron que la “operación Iguala” no era mucho más de lo que ya hacían y no se “estaban pasando de la raya;” pero desafortunadamente se metieron con el “enemigo” equivocado. Ciertamente ya habían secuestrado y asesinado cientos si no miles o decenas de miles en el Estado de Guerrero sin que “nada pasara.” Ciertamente varias regiones del estado estaban literalmente sembradas de tumbas clandestinas pero nadie las denunciaba ni buscaba porque imperaba el terror y porque cualquier protesta, denuncia o hasta nota periodística sería violentamente castigada. Las fosas clandestinas abundan en el estado de Guerrero; el “narco-terrorismo” de estado era la ley. Y ciertamente, los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa ya habían sido atacados anteriormente, incluso asesinados sin castigo a los culpables. De hecho, los medios de comunicación y los políticos del estado denigraban y despreciaban a las normales rurales; las veían como insignificantes “nidos guerrilleros” opuestos a la modernidad y condenados a la desaparición. La Universidad de Ayotzinapa, o su nombre oficial “Normal Rural Raúl Isidro Bustos” tiene una larga historia de lucha y represión. El ataque en Iguala quizás había sido “un poco más” dramático y sangriento, pero era parecido a otros ataques contra el pueblo de Guerrero. Quien sea que dio la orden de desaparecer a los 43 estudiantes no estaba pensando que se armaría la respuesta popular sin precedente que le siguió. Pero se equivocaron y esta vez sí ocurrió. Los padres y madres de los 43 estudiantes secuestrados se levantaron desde el primer día con dos demandas fundamentales: que regresen vivos a los estudiantes y que se castigue a los responsables de este crimen. El número 43 se hizo famoso. Los padres y madres, con el apoyo incansable de los estudiantes normalistas de Ayotzi, empezando por los sobrevivientes al ataque, empezaron a movilizarse, tomaron calles, plazas y edificios gubernamentales y no han parado desde entonces. Su grito desgarrador fue escuchado y se hizo eco de tantas lágrimas y dolor en México. Primero por cientos, luego por miles y al final, el 20 de noviembre de 2016 más de un millón de personas se manifestaron en México y en el mundo: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos.” También gritaron cada vez con más fuerza “Fuera Peña Nieto.”
Al conocerse los detalles del crimen, la indignación popular creció. Se los llevaron policías uniformados de dos municipios de Guerrero y se los entregaron a mafias criminales con el conocimiento, la indiferencia, la complicidad o de plano la coordinación operativa de la policía del estado, la policía federal y el ejército mexicano. El país se llenó de protesta e indignación. No sólo se habían pasado de la raya, además se exhibía como en aparador la compleja complicidad de las mafias del crimen organizado con las mafias dentro del gobierno; no sólo una alianza sino de plano fuerzas criminales dirigidas desde adentro y desde afuera del aparato de estado. El ataque contra los estudiantes de Ayotzinapa fue la punta del iceberg. “Nos faltan 43 y cientos de miles más” gritaron en las calles y “Fue el Estado” contestaron miles de voces cuando el gobierno de Peña Nieto tuvo que hablar y pretendió culpar a una mafia local para lavar las manos del gobierno nacional y estatal. Pero fue demasiado: mucha gente denunció que el Estado y sus fuerzas de seguridad eran también culpables de los crímenes, desde Tijuana, Ciudad Juárez y Tamaulipas al norte del país hasta Centroamérica donde las madres demandan la aparición de sus hijos migrantes secuestrados y “desaparecidos” en México.
Un periodo de violencia
¿Cuáles son las causas inmediatas que detonaron este “periodo histórico” de “violencia sin fin” en el México del Siglo XXI? Este espectacular ataque que bien podemos llamar “guerra contra el pueblo” ha dejado más de 200 mil “cadáveres” y más de 30 mil personas desaparecidas. Estas cifras frías y brutales no se explican tanto por el tráfico de drogas en sí mismo ni tampoco por la competencia entre carteles por controlar plazas y rutas comerciales, pues esa competencia llevaba ya al menos medio siglo en México cuando la guerra “de a de veras” comenzó. La “nueva” violencia fue detonada más bien “desde arriba” como una “política de estado” o de “estados.” La llamada “guerra contra las drogas” es un plan construido en los gabinetes de defensa de los presidentes del Partido de Acción Nacional en México, Vicente Fox y principalmente Felipe Calderón, y de las administraciones de los presidentes George W. Bush y Barack Obama en EUA. Le tocó a Felipe Calderón abrir el fuego “oficialmente”: atacó Michoacán con más de 4,000 militares y efectivos a sólo dos semanas de haber asumido la presidencia. Calderón fue un presidente débil y con problemas de alcoholismo que trató de compensar su torpeza ofreciendo una imagen de hombre admirador de las fuerzas armadas y de “mano dura” por igual contra disidentes y criminales. Envió el ejército contra los maestros y el pueblo de Oaxaca al día siguiente de su inauguración presidencial y luego invadió Michoacán. Vamos a ganar, dijo, pero advirtió que “la lucha contra el crimen organizado no será una tarea fácil ni rápida, que implicará enormes recursos de los mexicanos, incluso la pérdida de vidas” La Jornada. “Pérdida de vidas”; no sabíamos entonces las dimensiones de tal frase. En cuestión de semanas Calderón expandió las operaciones a varios estados; antes de que abriéramos los ojos el “operativo Michoacán” ya se había convertido en una “estrategia integral” que avanzaba en Guerrero, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas. La guerra había comenzado.
Luego vino Estados Unidos con su capital y tecnología militar. Se nos cuenta una historia en que un presidente mexicano, Felipe Calderón, se fue a pedir ayuda al gobierno de Estados Unidos para “derrotar a los narcos.” Se nos dice que el presidente de EUA aceptó ayudar. George W. Bush y Felipe Calderón se reunieron en la histórica ciudad de Mérida en Octubre de 2007 y firmaron un pacto de colaboración. Estados Unidos apoyaría a México, se nos dijo, porque quería parar el flujo de drogas a su país. Así nació el llamado “Plan Mérida,” “Plan México” o “Iniciativa de cooperación para la seguridad regional.” El plan prometía varios cheques con un total de $1,400 millones de dólares para fortalecer y modernizar las fuerzas de seguridad en México y algunos países de Centroamérica. Además de esta “ayuda”, la venta y el tráfico de armas de EUA a México comenzó a crecer como nunca antes; México compró unos $3,700 millones de dólares entre 2008 y 2012, dice el Mesoamerican Working Group. La “ayuda” a Centroamérica es la otra parte de este “plan” que requiere una investigación aparte, también llena de muerte y violencia. De acuerdo al Reporte Where the Guns Go? “las ventas legales de armas de Estados Unidos a la policía y el ejército mexicanos han crecido enormemente, a $3,500 millones de dólares entre finales de 2012 y abril de 2015, casi 10 veces más que el período de tres años 2000-2002... Un gran volumen de armas de asalto militar también se compran en el mercado minorista abierto en los Estados Unidos y se trafican a México para su uso por parte de organizaciones delictivas.”
Pero esta historia que se nos cuenta es incompleta, si no es que falsa. Se gastó mucho en armas y equipo, se nos dice, porque el “enemigo” está muy bien preparado y tiene mucho dinero. En efecto, aunque la foto del famoso capo Joaquín Guzmán Loera, “Chapo Guzmán” no logró entrar a la portada del Interviú sí logró una en Rolling Stone y casi se hace celebridad de Hollywood junto a una de las actrices “latinas” más codiciadas. En cualquier caso su nombre sí entró en la lista de la élite mundial de millonarios producida por Forbes.; entró en el # 67 de la “gente más poderosa del mundo” en 2013. Pero la historia real que no se nos contó, dice Laura Carlsen, es que el motor de la guerra no estaba tanto en el gobierno de México sino en los salones del Pentágono y los equipos de seguridad de EUA. La administración de Bush estaba interesada en subordinar las “políticas de seguridad” de México a las de su país. Felipe Calderón nomás daría la cara, sería el títere actuando. Desde marzo de 2005, antes de que fuese presidente, ya se había creado en Waco, Texas, el “Acuerdo para la seguridad y prosperidad” como una “extensión” del Tratado de Libre Comercio. “La guerra contra las drogas en México… nunca hubiese sido posible sin la inmensa inyección de dinero y cooperación militar estadounidense bajo la Iniciativa Mérida. Los flujos han continuado a pesar de las crecientes evidencias de serias violaciones de derechos humanos” escribió la periodista Nina Lakhani en The Guardian en 2016. Así, el objetivo no era tanto acabar con los narcos sino controlar militarmente a México, dice el especialista John Saxe Fernández. Se aplicó el “Plan México” o “Plan Mérida” siguiendo el famoso “Plan Colombia” con que EUA controló y militarizo a ese país.
Los fascinantes detalles de la “guerra al narco” son revelados por la periodista de fondo Anabel Hernández en un libro que debiera ser de lectura obligatoria para toda la población: Los señores del narco. La historia que revela Hernández cuestiona profundamente los objetivos de la guerra: ¿en verdad querían acabar con el tráfico de drogas? Si comparamos los carteles con avisperos, el plan sería no tanto bajar uno por uno o todos al mismo tiempo, sino algo mucho más “creativo” y destructivo: atizar un panal contra otro para que mutuamente se destruyeran. ¿En serio? "Va a llegar a todo el país, pero tenemos que ir de uno por uno y no podemos hacerlo todo al mismo tiempo… Porque no pudiéramos picar en todos lados y no resolver en todos lados” declaró en conferencia de prensa el flamante Secretario de Gobernación de Felipe Calderón, Francisco Ramírez Acuña. Algún periodista incisivo insistió, oliendo la sangre que vendría: ¿No hay riesgo de que el combate al narcotráfico desate una lucha interna entre los diferentes cárteles? La respuesta del responsable de la seguridad en México fue enigmática: déjenlo a los que saben de seguridad pública, de estrategias policiacas. Ustedes saben de periodismo, yo sé de política interior, vamos dejando que los cuerpos policiacos determinen la estrategia a seguir. Pérez Silva, La Jornada, La Jornada, 2 de Enero, 2007
En Los señores del narco la “compañera Anabel”, como la conocen en México describe esta estrategia de poner los avisperos a pelear entre sí. Primero sacaron de la cárcel al Chapo Guzmán; incluso Genaro García Luna, Secretario de Seguridad Pública fue por él a la cárcel. Luego se le permitió a la mafia del Chapo, el “Cartel del Pacífico” fortalecerse hasta llegar a ser el cartel más importante de México (y quizás del mundo). En segundo lugar se atacó militarmente a los demás carteles, rivales “naturales” del Chapo, el niño consentido. Tercero: Había que sentarse a esperar que el Cartel del Pacífico eliminase a todos los demás para después, ya que se quedara solito entonces destruirlo de un solo zarpazo fulminante. ¿Funcionó la “estrategia”? Sí y no, dependiendo de cuáles eran los objetivos. No funcionó para nada, dice Anabel Hernández. El Cartel del Golfo, enemigo principal del Pacífico, contrató a los Zetas, especialistas en violencia, para enfrentar al Chapo, al Cartel del Pacífico y a las policías y ejércitos que lo apoyaban. La guerra entre carteles empezó a incrementar el número de muertos; la sofisticación de Los Zetas escaló la brutalidad, crueldad y sadismo de la guerra. Para defenderse de este enemigo formidable que eran los Zetas, el Chapo contrató entonces a los Maras y otras mafias centroamericanas que rivalizaban en brutalidad con los Zetas. La dimensión y espectacularidad de la muerte se escaló aún más. Y mientras el río de sangre iba creciendo en México y el estado se iba convirtiendo en “narco-estado”, las drogas seguían su camino ininterrumpido hacia el norte, como siempre, como si nada ocurriera. En suma, no funcionó, pero si el objetivo era una guerra contra el pueblo tenemos entonces que reconocer que los brutales golpes fueron contundentes.
El resultado fue la atomización de los carteles, la proliferación del crimen organizado y el desgarramiento del tejido social pero no la destrucción del negocio del tráfico de drogas. El movimiento No + Sangre fue muy importante para destruir la coartada absurda de quienes seguían a Calderón: “los muertos son puros narcos”; “si lo secuestran es que en malos pasos andaba”. Cuando el hijo del poeta Javier Sicilia fue desaparecido el poeta lloró y gritó y fue capaz de encarnar un clamor popular de repudio a la política de guerra y puso en cuestión el tema fundamental: mi hijo no es narco ni tiene nada que ver con bandas criminales y sin embargo se lo llevaron. La mentira quedó exhibida, pero aun así, desacreditada su explicación, el presidente Calderón se impuso: las tropas seguirán en las calles y las fuerzas de seguridad seguirán con la guerra. El resultado vino en 2012 cuando el PAN perdió estrepitosamente las elecciones. Vino en su lugar Enrique Peña Nieto del PRI. La alianza con el Cartel del Pacífico se acabó, el Chapo fue a la cárcel y hoy está extraditado a EUA. Los carteles han proliferado y diversificado sus negocios entre drogas, robo, extorsión, secuestro de personas y un largo etcétera. Sucedió lo que decía Anabel Hernández: los carteles se atomizaron en bandas pequeñas, incontrolables y aún más crueles en sus operaciones. Hoy (2018) pareciera que el Cartel Jalisco Nueva Generación se va imponiendo. Pero proliferan los carteles y fue uno de ellos, los “Guerreros Unidos” quienes presuntamente desaparecieron a los estudiantes de Ayotzinapa.
Ayotzinapa: El dedo en la llaga
El secuestro o “desaparición forzada” de los 43 estudiantes de Ayotzinapa puso aún más el dedo en la llaga. Empezó un debate nacional, que sigue hasta la fecha. ¿Quién ordenó semejante atrocidad? ¿Dónde están los muchachos? El gobierno quiso decir, como de costumbre, que las víctimas fueron atacadas porque andaban en malos pasos. Esos “Ayotzinapos” nomás causan “desmadres” declaró con desprecio el alcalde de Iguala. Las normales de Guerrero están “infiltradas de grupos delictivos,” explicó el gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, a una comisión de diputados que investigaba los hechos. Los diputados no pudieron sino indignarse: se pretende ‘‘criminalizar a las víctimas como una manera de justificar los hechos que sufrieron y sufren sus familiares.” (La Jornada, 4 de noviembre, 2014) Los padres y madres de los 43 refutaron al gobernador preguntando con razón que si sus hijos vendían droga entonces ¿para qué estudiaban y por qué en esa escuela en condiciones de tanta pobreza? Cuando cientos de miles en México y en el mundo exigieron una explicación real, el gobierno creó su “comisión.” El procurador general Jesús Murillo Karam presentó la explicación oficial del crimen: Los estudiantes fueron atacados y detenidos por policías municipales de Iguala y Cocula; luego los entregaron vivos a la banda criminal “Guerreros Unidos” y éstos los mataron y cremaron. Las evidencias principales del Procurador eran las confesiones de los policías cuyos rostros y cuerpos mostraban señas de tortura; también presentó unas bolsas para la basura llenas de huesos quemados reducidos a cenizas. El golpe fue demoledor para los padres y madres de los 43. Una bolsa de basura llena de cenizas, eso es lo que queda de tu hijo. Los quemaron en el basurero de Cocula, explicó el Procurador General: “Hicieron guardias y relevos para asegurar que el fuego durase horas (14, desde la noche del 26 de septiembre, hasta las dos de la tarde del día siguiente), arrojándole diesel, gasolina, llantas, leña, plástico, entre otros elementos… Cuando se habían arrojado y quemado los cuerpos, recibieron la orden de El Terco de fracturar los restos de los huesos calcinados para ser depositados en bolsas negras.” Las madres y padres de los 43 obviamente pidieron un estudio que confirmara la identidad de las cenizas. Pero, ¡oh sorpresa! Los quemaron y molieron tan meticulosamente que no dejaron rastro alguno para identificarlos, ni siquiera con equipos que detecten el DNA. “El alto nivel de degradación de los restos encontrados hace muy difícil la extracción de ADN que permita la identificación,” explicó Murillo Karam (La Jornada, 8 de Noviembre, 2014)
Los padres y madres cuestionaron inmediatamente; no es “verdad histórica”; es una “mentira histórica.” Somos campesinos y conocemos el terreno, explicaron, y preguntaron: ¿Los quemaron en un basurero en una sola noche a 43 cuerpos hasta convertirlos en cenizas? ¿En una noche lluviosa? ¿Piensan que somos estúpidos? El debate comenzó; el procurador se hizo de algunos ingenieros que sustentaron su versión. Pero desafortunadamente para el gobierno, las Madres y Padres de los 43 no estaban solos. Periodistas y estudiosos analizaron el caso y concluyeron que se hubiera necesitado un horno crematorio profesional y cerrado, funcionando por varios días a una temperatura altísima imposible de lograr en un fuego en un basurero alimentado con llantas y palos, y de haberlo logrado habrían provocado un incendio de enormes proporciones. Esto, simplemente, no ocurrió; ninguno vecino lo vio ni lo olió. El gobierno quedó contra la pared cuando el “Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes” (GIEI) concluyó tajante que por los “antecedentes y con base en el informe revisado por el Dr. Torero, el GIEI se ha formado la convicción que los 43 estudiantes no fueron incinerados en el basurero municipal de Cocula. Las confesiones realizadas por los presuntos responsables en este punto no corresponden a la realidad de las pruebas presentadas en este estudio” (GIEI, Informe Ayotzinapa 2015, 331).
Aquí hay “gato encerrado” se empezó a decir. El Procurador Murillo Karam se aferró a su versión dejando sin respuesta el cúmulo de evidencias, contradicciones y sin-sentidos que cuestionaban su versión, que incluso llamó “verdad histórica.” Su postura tan ridículamente defensiva provocó la pregunta natural: ¿Qué está escondiendo? ¿A quién está encubriendo? ¿Dónde están realmente los 43? Fue cuestionado por todos lados, incluyendo ni más ni menos que al equipo enviado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que son expertos en desenterrar casos de genocidio y crímenes de estado producidos por gobiernos dictatoriales en América Latina. “El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) fue convocado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de acuerdo con el Estado de México y los representantes de las víctimas del caso, a acompañar en la investigación de los crímenes y sus responsables, la búsqueda de los desaparecidos, y la atención a las víctimas y familiares” (GIEI, Informe Ayotzinapa 2015). Imposible ignorarlos, y sin embargo se tomó la decisión política de hacerlo. Acorralado por todos lados, el gobierno de Peña Nieto decidió mentir sin importar el precio. ¿Por qué se decidió ocultar la verdad contra viento y marea? ¿Tan pesada y sucia era la cloaca que no querían se destapara?
De nuevo Anabel Hernández puso las cosas en su lugar. Su versión “la verdadera noche de Iguala” la publicó primero en versión corta en Proceso y luego en extenso en un libro con el mismo nombre. Esta vez la investigación la hizo con un académico de EUA y desde la Universidad de California en Berkeley, simplemente, explica, porque la quieren asesinar. La investigación exhaustiva exhibe las fuerzas que se oponen a que se descubra la verdad y se castigue a quienes ordenaron el crimen (“autores intelectuales”). Esas mismas fuerzas serían además las que realmente saben el paradero de los 43. La conclusión de Anabel Hernández es contundente: fue una “operación de estado” encabezada por la policía federal, conocida por el Ejército Mexicano y coordinada a través de algo que muchos desconocíamos, el llamado “C-4.” Este es un sistema de coordinación de las fuerzas de seguridad en que participan el ejército, la marina y los policías federales, estatales y municipales, además de los departamentos de seguridad enfocados en investigación y planeación. El ejército y el C-4 “rastrearon” a los estudiantes desde que salieron de Ayotzinapa y llegaron a Iguala. El C-4 tuvo conocimiento “en tiempo real” del ataque a los estudiantes. “El ataque fue orquestado y ejecutado por la Policía Federal, con la complicidad o franca colaboración del Ejército.” (Anabel Hernández y Steve Fisher. “La historia no oficial,” Proceso, 13 diciembre, 2014).
El gobierno rechazó inútilmente las pruebas que se acumulaban en su contra. A la denuncia de Anabel Hernández le siguieron los reportes del grupo de expertos de la CIDH. Una de los datos más vergonzosos fue cuando las investigaciones “descubrieron” que los reportes oficiales hablaban de 4 autobuses “atacados” (además del autobús de los jugadores de futbol “Avispones” que fue atacado “por error” pues nada tenía que ver con Ayotzi.) Al gobierno se “le olvidó” que hubo un quinto autobús atacado y que quizás allí estuviera la clave del ataque. (Informe Ayotzinapa, página 322). El equipo Arquitectura Forense realizó una investigación exhaustiva y demoledora, utilizando toda la evidencia existente, en particular los testimonios de los estudiantes que sobrevivieron al ataque y que fueron ignorados en la investigación oficial. El equipo “Arquitectura Forense” reconstruyó la Noche de Iguala en un video que muestra “en vivo” lo que realmente ocurrió. Toda persona interesada en el tema tiene que revisar el dossier “El caso Ayotzinapa” y en especial el producto final, el video “Desaparición forzada en Iguala: Una reconstrucción forense.” Allí se evidencia la dimensión de un ataque que simplemente no podría haber sido coordinado y ejecutado por un grupo local de policías y narcos; el reporte presenta dónde y cómo participaron las distintas fuerzas federales y estatales de seguridad. Tras el reporte la conclusión es imposible de eludir: “operación de estado.”
Criticado por Naciones Unidas, el Papa y hasta por el gobierno de Estados Unidos, el presidente Peña Nieto, acorralado contra la pared, se atrevió a decir, “todos somos Ayotzinapa” para inmediatamente regresar al “lema oficial”: Ayotzinapa es un caso “aislado” que no es “todo México” y ordenar una serie de “reformas” que no ayudaban en nada. La cadena de televisión independiente “RompevientoTV” invita a Anabel a hablar de su libro: en entrevista con Ernesto Ledesma, Anabel reafirma las conclusiones de su investigación: ¿quién dio la orden? Fue alguien muy arriba con mucha capacidad de decisión y acceso al círculo de poder más cercano al presidente Peña Nieto. El ejército federal está profundamente involucrado en el ataque. Por eso la consigna oficial fue ocultar la verdad. Y en cualquier caso, dirá más tarde Anabel a la periodista Carmen Aristegui: “Mi investigación se enfoca en que fue el Ejército principalmente el que actúa esa noche, el que ordenó, el que orquestó, el que organizó, el que coordinó a las demás dependencias para atacar esos camiones y detener a los estudiantes.” (Aristegui Noticias). ¿Qué sigue?, le pregunta Ledesma. Voy a seguir la investigación, contesta Anabel, hasta que encuentre qué pasó y dónde están los 43 muchachos secuestrados.
Anabel sigue trabajando, mientras parece que “nada pasa” con la investigación oficial del caso Ayotzinapa. En breve, en septiembre de 2018, se cumplirán cuatro años. Las madres y padres de los 43 siguen luchando, realizando caravanas, saliendo a las calles al menos una vez al mes, contando con el apoyo incondicional de los estudiantes de la Normal Rural. Ya existe un “anti-monumento” a los 43 en la Ciudad de México. La generación a que pertenecían los 43 ya se graduaron en una ceremonia marcada por la atrocidad de Iguala. “De los 140 jóvenes que se inscribieron para formarse como maestros de educación básica, entre ellos los 43 normalistas desaparecidos, 73 concluyeron sus estudios y se graduaron el 13 de julio como licenciados en primaria y primaria bilingüe,” señaló la Secretaría de Educación. La movilización y solidaridad popular han bajado pero siguen vivas. Como sea el gobierno de Peña Nieto sintió que “ya la estaba librando” y decidió echar del país a la comisión de expertos de la CIDH. Cuando se vio que el PRI estaba en peligro de perder las elecciones presidenciales de 2018, el gobierno se preocupó y ordenó que la Procuraduría General de la República “cerrara el caso.” El Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero Tlachinollan sonó la alarma: quieren cerrar el caso para evitar que un próximo gobierno los pudiera investigar. Ya cerrado, es más difícil abrir el caso pues no se puede juzgar un crimen dos veces.
Súbitamente algo sucedió que puso al gobierno priista en una situación francamente incómoda si no es que peligrosa. El 4 de junio de 2018, un Tribunal del “Distrito 19” en Tamaulipas criticó al gobierno federal y le ordenó reiniciar la investigación bajo condiciones diferentes. Los “chivos expiatorios,” gente humilde que fue acusada de secuestrar, asesinar y cremar a los 43, metieron una demanda de amparo denunciando que sus “confesiones” se obtuvieron bajo tortura contra ellos y sus familiares. Sorprendiendo a propios y extraños, el tribunal de Tamaulipas aceptó el amparo y concluyó que la investigación de la Procuraduría General “no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial.” Por tanto, el tribunal ordenó crear una nueva “comisión investigadora para la verdad y la justicia” que estaría conformada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por representantes de las víctimas, incluyendo a madres y padres de los 43, y por el Ministerio Público de la Federación. Los dos primeros decidirían las líneas de investigación y además podrían validar la incorporación de otras organizaciones tanto nacionales como internacionales de derechos humanos. El tribunal señaló que la nueva comisión tendría autonomía de gestión y presupuesto. Es una decisión “inédita” y un “jaque a la verdad histórica” del Gobierno, dice con razón la abogada Magdalena Gómez.
El gobierno reaccionó inmediatamente, quizás inútilmente. “No hay condiciones para crear la Comisión de la Verdad”, dijo el Procurador General, y a continuación otro tribunal, el “Tercer Tribunal Unitario” canceló la resolución del tribunal anterior, argumentando, curiosamente, que la CNDH afirmó que no existe “posibilidad jurídica” para crear una “comisión para la verdad.” De inmediato la CNDH desmintió al procurador: “es falso que la CNDH haya cuestionado las sentencias de amparo de un tribunal colegiado en las que ordenó crear una comisión de la verdad para el caso Ayotzinapa.” Luego, el 1o de Julio, el PRI perdió estrepitosamente las elecciones presidenciales. El nuevo presidente electo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que no habrá obstáculos para investigar y “conocer realmente lo que sucedió con los 43 jóvenes de Ayotzinapa.” Algunos grupos de derechos humanos se muestran escépticos: La Policía Federal (PF), la Procuraduría General de la República (PGR) y el Ejército van a oponer mucha resistencia a que realmente se investigue; “van a ser obstáculos serios que nos van a impedir el esclarecimiento de los hechos", afirmó el abogado Vidulfo Rosales del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan. Como sea, Alejandro Encinas, --político de centro izquierda y ex miembro del Partido Comunista Mexicano-- ha sido nombrado “Subsecretario de Derechos Humanos” del próximo gobierno de AMLO. Una de sus primeras acciones fue reunirse con las Madres y Padres de los 43 y declarar que sí se formará una comisión de la verdad para Ayotzinapa, incluso, indicó, si el Poder Judicial se niega a hacerlo. Sólo se necesita, precisó, “voluntad política.” El nuevo gobierno empieza el 1o. de diciembre de 2018. El caso judicial del crimen de Iguala sigue abierto. “Ayotzi vive, la lucha sigue.”
Ciertamente, en México ya nos habíamos acostumbrado a vivir un auténtico estado de guerra “de baja intensidad” pero la “Noche de Iguala” fue demasiado. Las consecuencias de esta guerra no declarada en México no son muy diferentes a las de cualquier guerra en el mundo. Esta peculiar guerra “a la mexicana” empezó quizás antes del año 2000, pero quién la anunció en grande fue el Presidente Felipe Calderón en el año 2006; de hecho la promovió como su política de estado más importante; la llamó “Guerra contra las Drogas.” Muchos en México dijeron que no, pero su fuerza política, el reaccionario Partido de Acción Nacional (PAN) le respaldó. También el gobierno de George Bush en Estados Unidos le felicitó efusivamente y poco después le ofreció una ayuda por $150,000 millones de dólares para comprar, entre otras mercancías, armas de alto poder producidas por corporaciones también de Estados Unidos. Las consecuencias de esta guerra son dolorosamente conocidos por el pueblo que las ha sufrido: militarización, anulación de los derechos civiles, impunidad, corrupción descarada y uso del presupuesto para contratar más soldados, comprar más armas y equipo militar; las consecuencias incluyen también un incremento de la violencia cruda, sádica y sin sentido; el asesinato, desaparición o secuestros de cientos de miles de personas; la proliferación de ataques armados encubiertos o abiertos a plena luz del día; asaltos de todo tipo; feminicidios y robo de infantes; ensañamiento contra los llamados “grupos vulnerables” ancianos, niños/as, personas LGTB, migrantes, mujeres, etc.; paranoia y sicosis social; y la descomposición del tejido social aumentando la desconfianza entre vecinos y disminuyendo el disfrute la vida comunitaria. Todo esto ya se había convertido en la vida cotidiana en muchos lugares en México, especialmente en el estado de Guerrero, y para muchos ya era un desastre “natural” como lo puede ser un incendio, un huracán o un terremoto. Pero la “Noche de Iguala” fue demasiado, nos sacudió del letargo y levantó a cientos de miles para decir “ya basta.”
Ciertamente hubo protestas previas, pero no fueron tan lejos. El movimiento “No más Sangre” encabezado por el poeta Javier Sicilia (después de que su hijo fuera una víctima más de la violencia sin sentido) llevó a miles a la calle, pero fue mediatizado por el Presidente Calderón; el poeta Sicilia perdió la brújula el día en que negoció y abrazó al siniestro presidente Felipe Calderón (Julio Hernández López, La Jornada, 24 de Junio, 2011). El descrédito y la rabia arrojaron al PAN del poder en 2012; fraude aparte, millones prefirieron votar por Enrique Peña Nieto y el corrupto Partido de la Revolución Mexicana (PRI); lo hicieron en parte por el subliminal mensaje del PRI: como mafia que somos sabemos cómo tratar con la mafia criminal y controlar la guerra y la violencia. Pero en 2013, el nuevo presidente priista traicionó inmediatamente a su pueblo. En reunión con el mandatario del imperio, Barack Obama, Peña Nieto aceptó seguir --ciertamente con remilgos-- la colaboración con la agenda de seguridad de EUA, especialmente en la llamada “Guerra contra las Drogas.” Siguieron entonces reinando la crueldad y la corrupción. ¿Cómo expresar en unas cuantas palabras el horror, sufrimiento y dolor producido por 12 años de guerra? ¿Cómo poner rostro a la fría cifra de cientos de miles de familiares, amigos o colegas asesinadas, desaparecidas, violadas o torturadas? Estos insólitos números compiten con la fuerza de la muerte en países con guerras “declaradas” como Iraq y Siria. Pero la Noche de Iguala nos despertó, levantó y sumó los dolores e indignaciones para producir uno de los movimientos sociales más importantes, impactantes, difundidos y apoyados nacional e internacionalmente.
Quizás los capos y policías que operaron esa noche, o sea los criminales dentro y fuera del gobierno, pensaron que la “operación Iguala” no era mucho más de lo que ya hacían y no se “estaban pasando de la raya;” pero desafortunadamente se metieron con el “enemigo” equivocado. Ciertamente ya habían secuestrado y asesinado cientos si no miles o decenas de miles en el Estado de Guerrero sin que “nada pasara.” Ciertamente varias regiones del estado estaban literalmente sembradas de tumbas clandestinas pero nadie las denunciaba ni buscaba porque imperaba el terror y porque cualquier protesta, denuncia o hasta nota periodística sería violentamente castigada. Las fosas clandestinas abundan en el estado de Guerrero; el “narco-terrorismo” de estado era la ley. Y ciertamente, los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa ya habían sido atacados anteriormente, incluso asesinados sin castigo a los culpables. De hecho, los medios de comunicación y los políticos del estado denigraban y despreciaban a las normales rurales; las veían como insignificantes “nidos guerrilleros” opuestos a la modernidad y condenados a la desaparición. La Universidad de Ayotzinapa, o su nombre oficial “Normal Rural Raúl Isidro Bustos” tiene una larga historia de lucha y represión. El ataque en Iguala quizás había sido “un poco más” dramático y sangriento, pero era parecido a otros ataques contra el pueblo de Guerrero. Quien sea que dio la orden de desaparecer a los 43 estudiantes no estaba pensando que se armaría la respuesta popular sin precedente que le siguió. Pero se equivocaron y esta vez sí ocurrió. Los padres y madres de los 43 estudiantes secuestrados se levantaron desde el primer día con dos demandas fundamentales: que regresen vivos a los estudiantes y que se castigue a los responsables de este crimen. El número 43 se hizo famoso. Los padres y madres, con el apoyo incansable de los estudiantes normalistas de Ayotzi, empezando por los sobrevivientes al ataque, empezaron a movilizarse, tomaron calles, plazas y edificios gubernamentales y no han parado desde entonces. Su grito desgarrador fue escuchado y se hizo eco de tantas lágrimas y dolor en México. Primero por cientos, luego por miles y al final, el 20 de noviembre de 2016 más de un millón de personas se manifestaron en México y en el mundo: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos.” También gritaron cada vez con más fuerza “Fuera Peña Nieto.”
Al conocerse los detalles del crimen, la indignación popular creció. Se los llevaron policías uniformados de dos municipios de Guerrero y se los entregaron a mafias criminales con el conocimiento, la indiferencia, la complicidad o de plano la coordinación operativa de la policía del estado, la policía federal y el ejército mexicano. El país se llenó de protesta e indignación. No sólo se habían pasado de la raya, además se exhibía como en aparador la compleja complicidad de las mafias del crimen organizado con las mafias dentro del gobierno; no sólo una alianza sino de plano fuerzas criminales dirigidas desde adentro y desde afuera del aparato de estado. El ataque contra los estudiantes de Ayotzinapa fue la punta del iceberg. “Nos faltan 43 y cientos de miles más” gritaron en las calles y “Fue el Estado” contestaron miles de voces cuando el gobierno de Peña Nieto tuvo que hablar y pretendió culpar a una mafia local para lavar las manos del gobierno nacional y estatal. Pero fue demasiado: mucha gente denunció que el Estado y sus fuerzas de seguridad eran también culpables de los crímenes, desde Tijuana, Ciudad Juárez y Tamaulipas al norte del país hasta Centroamérica donde las madres demandan la aparición de sus hijos migrantes secuestrados y “desaparecidos” en México.
Un periodo de violencia
¿Cuáles son las causas inmediatas que detonaron este “periodo histórico” de “violencia sin fin” en el México del Siglo XXI? Este espectacular ataque que bien podemos llamar “guerra contra el pueblo” ha dejado más de 200 mil “cadáveres” y más de 30 mil personas desaparecidas. Estas cifras frías y brutales no se explican tanto por el tráfico de drogas en sí mismo ni tampoco por la competencia entre carteles por controlar plazas y rutas comerciales, pues esa competencia llevaba ya al menos medio siglo en México cuando la guerra “de a de veras” comenzó. La “nueva” violencia fue detonada más bien “desde arriba” como una “política de estado” o de “estados.” La llamada “guerra contra las drogas” es un plan construido en los gabinetes de defensa de los presidentes del Partido de Acción Nacional en México, Vicente Fox y principalmente Felipe Calderón, y de las administraciones de los presidentes George W. Bush y Barack Obama en EUA. Le tocó a Felipe Calderón abrir el fuego “oficialmente”: atacó Michoacán con más de 4,000 militares y efectivos a sólo dos semanas de haber asumido la presidencia. Calderón fue un presidente débil y con problemas de alcoholismo que trató de compensar su torpeza ofreciendo una imagen de hombre admirador de las fuerzas armadas y de “mano dura” por igual contra disidentes y criminales. Envió el ejército contra los maestros y el pueblo de Oaxaca al día siguiente de su inauguración presidencial y luego invadió Michoacán. Vamos a ganar, dijo, pero advirtió que “la lucha contra el crimen organizado no será una tarea fácil ni rápida, que implicará enormes recursos de los mexicanos, incluso la pérdida de vidas” La Jornada. “Pérdida de vidas”; no sabíamos entonces las dimensiones de tal frase. En cuestión de semanas Calderón expandió las operaciones a varios estados; antes de que abriéramos los ojos el “operativo Michoacán” ya se había convertido en una “estrategia integral” que avanzaba en Guerrero, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas. La guerra había comenzado.
Luego vino Estados Unidos con su capital y tecnología militar. Se nos cuenta una historia en que un presidente mexicano, Felipe Calderón, se fue a pedir ayuda al gobierno de Estados Unidos para “derrotar a los narcos.” Se nos dice que el presidente de EUA aceptó ayudar. George W. Bush y Felipe Calderón se reunieron en la histórica ciudad de Mérida en Octubre de 2007 y firmaron un pacto de colaboración. Estados Unidos apoyaría a México, se nos dijo, porque quería parar el flujo de drogas a su país. Así nació el llamado “Plan Mérida,” “Plan México” o “Iniciativa de cooperación para la seguridad regional.” El plan prometía varios cheques con un total de $1,400 millones de dólares para fortalecer y modernizar las fuerzas de seguridad en México y algunos países de Centroamérica. Además de esta “ayuda”, la venta y el tráfico de armas de EUA a México comenzó a crecer como nunca antes; México compró unos $3,700 millones de dólares entre 2008 y 2012, dice el Mesoamerican Working Group. La “ayuda” a Centroamérica es la otra parte de este “plan” que requiere una investigación aparte, también llena de muerte y violencia. De acuerdo al Reporte Where the Guns Go? “las ventas legales de armas de Estados Unidos a la policía y el ejército mexicanos han crecido enormemente, a $3,500 millones de dólares entre finales de 2012 y abril de 2015, casi 10 veces más que el período de tres años 2000-2002... Un gran volumen de armas de asalto militar también se compran en el mercado minorista abierto en los Estados Unidos y se trafican a México para su uso por parte de organizaciones delictivas.”
Pero esta historia que se nos cuenta es incompleta, si no es que falsa. Se gastó mucho en armas y equipo, se nos dice, porque el “enemigo” está muy bien preparado y tiene mucho dinero. En efecto, aunque la foto del famoso capo Joaquín Guzmán Loera, “Chapo Guzmán” no logró entrar a la portada del Interviú sí logró una en Rolling Stone y casi se hace celebridad de Hollywood junto a una de las actrices “latinas” más codiciadas. En cualquier caso su nombre sí entró en la lista de la élite mundial de millonarios producida por Forbes.; entró en el # 67 de la “gente más poderosa del mundo” en 2013. Pero la historia real que no se nos contó, dice Laura Carlsen, es que el motor de la guerra no estaba tanto en el gobierno de México sino en los salones del Pentágono y los equipos de seguridad de EUA. La administración de Bush estaba interesada en subordinar las “políticas de seguridad” de México a las de su país. Felipe Calderón nomás daría la cara, sería el títere actuando. Desde marzo de 2005, antes de que fuese presidente, ya se había creado en Waco, Texas, el “Acuerdo para la seguridad y prosperidad” como una “extensión” del Tratado de Libre Comercio. “La guerra contra las drogas en México… nunca hubiese sido posible sin la inmensa inyección de dinero y cooperación militar estadounidense bajo la Iniciativa Mérida. Los flujos han continuado a pesar de las crecientes evidencias de serias violaciones de derechos humanos” escribió la periodista Nina Lakhani en The Guardian en 2016. Así, el objetivo no era tanto acabar con los narcos sino controlar militarmente a México, dice el especialista John Saxe Fernández. Se aplicó el “Plan México” o “Plan Mérida” siguiendo el famoso “Plan Colombia” con que EUA controló y militarizo a ese país.
La "guerra al narco” desatada por Bush/Calderón desde la Iniciativa Mérida (2008) es en realidad un vasto operativo de intimidación, de terrorismo de Estado como su par el Plan Colombia, dirigido a distintos grupos sociales al ritmo y objetivos de los programas de ajuste estructural (PAE) bajo directriz del Fondo Monetario Internacional (FMI) en lo macroeconómico y el Banco Mundial/Banco de desarrollo interamericano (BID) por rama, con líneas de crédito centradas en la contención salarial, la desregulación y privatización de empresas, servicios públicos y de los recursos naturales no renovables (minerales, petróleo, gas) y renovables. Los PAE concitan "arreglos de clase", grandes negocios lícitos o ilícitos. De ahí viene el sistemático despojo y saqueo de los principales ejes de acumulación (sector energía), con la privatización de bancos y empresas como estación de paso a su extranjerización. John Saxe-Fernández. Intimidación. La Jornada, Ago 17, 2017
Los fascinantes detalles de la “guerra al narco” son revelados por la periodista de fondo Anabel Hernández en un libro que debiera ser de lectura obligatoria para toda la población: Los señores del narco. La historia que revela Hernández cuestiona profundamente los objetivos de la guerra: ¿en verdad querían acabar con el tráfico de drogas? Si comparamos los carteles con avisperos, el plan sería no tanto bajar uno por uno o todos al mismo tiempo, sino algo mucho más “creativo” y destructivo: atizar un panal contra otro para que mutuamente se destruyeran. ¿En serio? "Va a llegar a todo el país, pero tenemos que ir de uno por uno y no podemos hacerlo todo al mismo tiempo… Porque no pudiéramos picar en todos lados y no resolver en todos lados” declaró en conferencia de prensa el flamante Secretario de Gobernación de Felipe Calderón, Francisco Ramírez Acuña. Algún periodista incisivo insistió, oliendo la sangre que vendría: ¿No hay riesgo de que el combate al narcotráfico desate una lucha interna entre los diferentes cárteles? La respuesta del responsable de la seguridad en México fue enigmática: déjenlo a los que saben de seguridad pública, de estrategias policiacas. Ustedes saben de periodismo, yo sé de política interior, vamos dejando que los cuerpos policiacos determinen la estrategia a seguir. Pérez Silva, La Jornada, La Jornada, 2 de Enero, 2007
En Los señores del narco la “compañera Anabel”, como la conocen en México describe esta estrategia de poner los avisperos a pelear entre sí. Primero sacaron de la cárcel al Chapo Guzmán; incluso Genaro García Luna, Secretario de Seguridad Pública fue por él a la cárcel. Luego se le permitió a la mafia del Chapo, el “Cartel del Pacífico” fortalecerse hasta llegar a ser el cartel más importante de México (y quizás del mundo). En segundo lugar se atacó militarmente a los demás carteles, rivales “naturales” del Chapo, el niño consentido. Tercero: Había que sentarse a esperar que el Cartel del Pacífico eliminase a todos los demás para después, ya que se quedara solito entonces destruirlo de un solo zarpazo fulminante. ¿Funcionó la “estrategia”? Sí y no, dependiendo de cuáles eran los objetivos. No funcionó para nada, dice Anabel Hernández. El Cartel del Golfo, enemigo principal del Pacífico, contrató a los Zetas, especialistas en violencia, para enfrentar al Chapo, al Cartel del Pacífico y a las policías y ejércitos que lo apoyaban. La guerra entre carteles empezó a incrementar el número de muertos; la sofisticación de Los Zetas escaló la brutalidad, crueldad y sadismo de la guerra. Para defenderse de este enemigo formidable que eran los Zetas, el Chapo contrató entonces a los Maras y otras mafias centroamericanas que rivalizaban en brutalidad con los Zetas. La dimensión y espectacularidad de la muerte se escaló aún más. Y mientras el río de sangre iba creciendo en México y el estado se iba convirtiendo en “narco-estado”, las drogas seguían su camino ininterrumpido hacia el norte, como siempre, como si nada ocurriera. En suma, no funcionó, pero si el objetivo era una guerra contra el pueblo tenemos entonces que reconocer que los brutales golpes fueron contundentes.
El resultado fue la atomización de los carteles, la proliferación del crimen organizado y el desgarramiento del tejido social pero no la destrucción del negocio del tráfico de drogas. El movimiento No + Sangre fue muy importante para destruir la coartada absurda de quienes seguían a Calderón: “los muertos son puros narcos”; “si lo secuestran es que en malos pasos andaba”. Cuando el hijo del poeta Javier Sicilia fue desaparecido el poeta lloró y gritó y fue capaz de encarnar un clamor popular de repudio a la política de guerra y puso en cuestión el tema fundamental: mi hijo no es narco ni tiene nada que ver con bandas criminales y sin embargo se lo llevaron. La mentira quedó exhibida, pero aun así, desacreditada su explicación, el presidente Calderón se impuso: las tropas seguirán en las calles y las fuerzas de seguridad seguirán con la guerra. El resultado vino en 2012 cuando el PAN perdió estrepitosamente las elecciones. Vino en su lugar Enrique Peña Nieto del PRI. La alianza con el Cartel del Pacífico se acabó, el Chapo fue a la cárcel y hoy está extraditado a EUA. Los carteles han proliferado y diversificado sus negocios entre drogas, robo, extorsión, secuestro de personas y un largo etcétera. Sucedió lo que decía Anabel Hernández: los carteles se atomizaron en bandas pequeñas, incontrolables y aún más crueles en sus operaciones. Hoy (2018) pareciera que el Cartel Jalisco Nueva Generación se va imponiendo. Pero proliferan los carteles y fue uno de ellos, los “Guerreros Unidos” quienes presuntamente desaparecieron a los estudiantes de Ayotzinapa.
Ayotzinapa: El dedo en la llaga
El secuestro o “desaparición forzada” de los 43 estudiantes de Ayotzinapa puso aún más el dedo en la llaga. Empezó un debate nacional, que sigue hasta la fecha. ¿Quién ordenó semejante atrocidad? ¿Dónde están los muchachos? El gobierno quiso decir, como de costumbre, que las víctimas fueron atacadas porque andaban en malos pasos. Esos “Ayotzinapos” nomás causan “desmadres” declaró con desprecio el alcalde de Iguala. Las normales de Guerrero están “infiltradas de grupos delictivos,” explicó el gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, a una comisión de diputados que investigaba los hechos. Los diputados no pudieron sino indignarse: se pretende ‘‘criminalizar a las víctimas como una manera de justificar los hechos que sufrieron y sufren sus familiares.” (La Jornada, 4 de noviembre, 2014) Los padres y madres de los 43 refutaron al gobernador preguntando con razón que si sus hijos vendían droga entonces ¿para qué estudiaban y por qué en esa escuela en condiciones de tanta pobreza? Cuando cientos de miles en México y en el mundo exigieron una explicación real, el gobierno creó su “comisión.” El procurador general Jesús Murillo Karam presentó la explicación oficial del crimen: Los estudiantes fueron atacados y detenidos por policías municipales de Iguala y Cocula; luego los entregaron vivos a la banda criminal “Guerreros Unidos” y éstos los mataron y cremaron. Las evidencias principales del Procurador eran las confesiones de los policías cuyos rostros y cuerpos mostraban señas de tortura; también presentó unas bolsas para la basura llenas de huesos quemados reducidos a cenizas. El golpe fue demoledor para los padres y madres de los 43. Una bolsa de basura llena de cenizas, eso es lo que queda de tu hijo. Los quemaron en el basurero de Cocula, explicó el Procurador General: “Hicieron guardias y relevos para asegurar que el fuego durase horas (14, desde la noche del 26 de septiembre, hasta las dos de la tarde del día siguiente), arrojándole diesel, gasolina, llantas, leña, plástico, entre otros elementos… Cuando se habían arrojado y quemado los cuerpos, recibieron la orden de El Terco de fracturar los restos de los huesos calcinados para ser depositados en bolsas negras.” Las madres y padres de los 43 obviamente pidieron un estudio que confirmara la identidad de las cenizas. Pero, ¡oh sorpresa! Los quemaron y molieron tan meticulosamente que no dejaron rastro alguno para identificarlos, ni siquiera con equipos que detecten el DNA. “El alto nivel de degradación de los restos encontrados hace muy difícil la extracción de ADN que permita la identificación,” explicó Murillo Karam (La Jornada, 8 de Noviembre, 2014)
Los padres y madres cuestionaron inmediatamente; no es “verdad histórica”; es una “mentira histórica.” Somos campesinos y conocemos el terreno, explicaron, y preguntaron: ¿Los quemaron en un basurero en una sola noche a 43 cuerpos hasta convertirlos en cenizas? ¿En una noche lluviosa? ¿Piensan que somos estúpidos? El debate comenzó; el procurador se hizo de algunos ingenieros que sustentaron su versión. Pero desafortunadamente para el gobierno, las Madres y Padres de los 43 no estaban solos. Periodistas y estudiosos analizaron el caso y concluyeron que se hubiera necesitado un horno crematorio profesional y cerrado, funcionando por varios días a una temperatura altísima imposible de lograr en un fuego en un basurero alimentado con llantas y palos, y de haberlo logrado habrían provocado un incendio de enormes proporciones. Esto, simplemente, no ocurrió; ninguno vecino lo vio ni lo olió. El gobierno quedó contra la pared cuando el “Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes” (GIEI) concluyó tajante que por los “antecedentes y con base en el informe revisado por el Dr. Torero, el GIEI se ha formado la convicción que los 43 estudiantes no fueron incinerados en el basurero municipal de Cocula. Las confesiones realizadas por los presuntos responsables en este punto no corresponden a la realidad de las pruebas presentadas en este estudio” (GIEI, Informe Ayotzinapa 2015, 331).
Aquí hay “gato encerrado” se empezó a decir. El Procurador Murillo Karam se aferró a su versión dejando sin respuesta el cúmulo de evidencias, contradicciones y sin-sentidos que cuestionaban su versión, que incluso llamó “verdad histórica.” Su postura tan ridículamente defensiva provocó la pregunta natural: ¿Qué está escondiendo? ¿A quién está encubriendo? ¿Dónde están realmente los 43? Fue cuestionado por todos lados, incluyendo ni más ni menos que al equipo enviado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que son expertos en desenterrar casos de genocidio y crímenes de estado producidos por gobiernos dictatoriales en América Latina. “El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) fue convocado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de acuerdo con el Estado de México y los representantes de las víctimas del caso, a acompañar en la investigación de los crímenes y sus responsables, la búsqueda de los desaparecidos, y la atención a las víctimas y familiares” (GIEI, Informe Ayotzinapa 2015). Imposible ignorarlos, y sin embargo se tomó la decisión política de hacerlo. Acorralado por todos lados, el gobierno de Peña Nieto decidió mentir sin importar el precio. ¿Por qué se decidió ocultar la verdad contra viento y marea? ¿Tan pesada y sucia era la cloaca que no querían se destapara?
De nuevo Anabel Hernández puso las cosas en su lugar. Su versión “la verdadera noche de Iguala” la publicó primero en versión corta en Proceso y luego en extenso en un libro con el mismo nombre. Esta vez la investigación la hizo con un académico de EUA y desde la Universidad de California en Berkeley, simplemente, explica, porque la quieren asesinar. La investigación exhaustiva exhibe las fuerzas que se oponen a que se descubra la verdad y se castigue a quienes ordenaron el crimen (“autores intelectuales”). Esas mismas fuerzas serían además las que realmente saben el paradero de los 43. La conclusión de Anabel Hernández es contundente: fue una “operación de estado” encabezada por la policía federal, conocida por el Ejército Mexicano y coordinada a través de algo que muchos desconocíamos, el llamado “C-4.” Este es un sistema de coordinación de las fuerzas de seguridad en que participan el ejército, la marina y los policías federales, estatales y municipales, además de los departamentos de seguridad enfocados en investigación y planeación. El ejército y el C-4 “rastrearon” a los estudiantes desde que salieron de Ayotzinapa y llegaron a Iguala. El C-4 tuvo conocimiento “en tiempo real” del ataque a los estudiantes. “El ataque fue orquestado y ejecutado por la Policía Federal, con la complicidad o franca colaboración del Ejército.” (Anabel Hernández y Steve Fisher. “La historia no oficial,” Proceso, 13 diciembre, 2014).
El gobierno rechazó inútilmente las pruebas que se acumulaban en su contra. A la denuncia de Anabel Hernández le siguieron los reportes del grupo de expertos de la CIDH. Una de los datos más vergonzosos fue cuando las investigaciones “descubrieron” que los reportes oficiales hablaban de 4 autobuses “atacados” (además del autobús de los jugadores de futbol “Avispones” que fue atacado “por error” pues nada tenía que ver con Ayotzi.) Al gobierno se “le olvidó” que hubo un quinto autobús atacado y que quizás allí estuviera la clave del ataque. (Informe Ayotzinapa, página 322). El equipo Arquitectura Forense realizó una investigación exhaustiva y demoledora, utilizando toda la evidencia existente, en particular los testimonios de los estudiantes que sobrevivieron al ataque y que fueron ignorados en la investigación oficial. El equipo “Arquitectura Forense” reconstruyó la Noche de Iguala en un video que muestra “en vivo” lo que realmente ocurrió. Toda persona interesada en el tema tiene que revisar el dossier “El caso Ayotzinapa” y en especial el producto final, el video “Desaparición forzada en Iguala: Una reconstrucción forense.” Allí se evidencia la dimensión de un ataque que simplemente no podría haber sido coordinado y ejecutado por un grupo local de policías y narcos; el reporte presenta dónde y cómo participaron las distintas fuerzas federales y estatales de seguridad. Tras el reporte la conclusión es imposible de eludir: “operación de estado.”
Criticado por Naciones Unidas, el Papa y hasta por el gobierno de Estados Unidos, el presidente Peña Nieto, acorralado contra la pared, se atrevió a decir, “todos somos Ayotzinapa” para inmediatamente regresar al “lema oficial”: Ayotzinapa es un caso “aislado” que no es “todo México” y ordenar una serie de “reformas” que no ayudaban en nada. La cadena de televisión independiente “RompevientoTV” invita a Anabel a hablar de su libro: en entrevista con Ernesto Ledesma, Anabel reafirma las conclusiones de su investigación: ¿quién dio la orden? Fue alguien muy arriba con mucha capacidad de decisión y acceso al círculo de poder más cercano al presidente Peña Nieto. El ejército federal está profundamente involucrado en el ataque. Por eso la consigna oficial fue ocultar la verdad. Y en cualquier caso, dirá más tarde Anabel a la periodista Carmen Aristegui: “Mi investigación se enfoca en que fue el Ejército principalmente el que actúa esa noche, el que ordenó, el que orquestó, el que organizó, el que coordinó a las demás dependencias para atacar esos camiones y detener a los estudiantes.” (Aristegui Noticias). ¿Qué sigue?, le pregunta Ledesma. Voy a seguir la investigación, contesta Anabel, hasta que encuentre qué pasó y dónde están los 43 muchachos secuestrados.
Anabel sigue trabajando, mientras parece que “nada pasa” con la investigación oficial del caso Ayotzinapa. En breve, en septiembre de 2018, se cumplirán cuatro años. Las madres y padres de los 43 siguen luchando, realizando caravanas, saliendo a las calles al menos una vez al mes, contando con el apoyo incondicional de los estudiantes de la Normal Rural. Ya existe un “anti-monumento” a los 43 en la Ciudad de México. La generación a que pertenecían los 43 ya se graduaron en una ceremonia marcada por la atrocidad de Iguala. “De los 140 jóvenes que se inscribieron para formarse como maestros de educación básica, entre ellos los 43 normalistas desaparecidos, 73 concluyeron sus estudios y se graduaron el 13 de julio como licenciados en primaria y primaria bilingüe,” señaló la Secretaría de Educación. La movilización y solidaridad popular han bajado pero siguen vivas. Como sea el gobierno de Peña Nieto sintió que “ya la estaba librando” y decidió echar del país a la comisión de expertos de la CIDH. Cuando se vio que el PRI estaba en peligro de perder las elecciones presidenciales de 2018, el gobierno se preocupó y ordenó que la Procuraduría General de la República “cerrara el caso.” El Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero Tlachinollan sonó la alarma: quieren cerrar el caso para evitar que un próximo gobierno los pudiera investigar. Ya cerrado, es más difícil abrir el caso pues no se puede juzgar un crimen dos veces.
Súbitamente algo sucedió que puso al gobierno priista en una situación francamente incómoda si no es que peligrosa. El 4 de junio de 2018, un Tribunal del “Distrito 19” en Tamaulipas criticó al gobierno federal y le ordenó reiniciar la investigación bajo condiciones diferentes. Los “chivos expiatorios,” gente humilde que fue acusada de secuestrar, asesinar y cremar a los 43, metieron una demanda de amparo denunciando que sus “confesiones” se obtuvieron bajo tortura contra ellos y sus familiares. Sorprendiendo a propios y extraños, el tribunal de Tamaulipas aceptó el amparo y concluyó que la investigación de la Procuraduría General “no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial.” Por tanto, el tribunal ordenó crear una nueva “comisión investigadora para la verdad y la justicia” que estaría conformada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por representantes de las víctimas, incluyendo a madres y padres de los 43, y por el Ministerio Público de la Federación. Los dos primeros decidirían las líneas de investigación y además podrían validar la incorporación de otras organizaciones tanto nacionales como internacionales de derechos humanos. El tribunal señaló que la nueva comisión tendría autonomía de gestión y presupuesto. Es una decisión “inédita” y un “jaque a la verdad histórica” del Gobierno, dice con razón la abogada Magdalena Gómez.
El gobierno reaccionó inmediatamente, quizás inútilmente. “No hay condiciones para crear la Comisión de la Verdad”, dijo el Procurador General, y a continuación otro tribunal, el “Tercer Tribunal Unitario” canceló la resolución del tribunal anterior, argumentando, curiosamente, que la CNDH afirmó que no existe “posibilidad jurídica” para crear una “comisión para la verdad.” De inmediato la CNDH desmintió al procurador: “es falso que la CNDH haya cuestionado las sentencias de amparo de un tribunal colegiado en las que ordenó crear una comisión de la verdad para el caso Ayotzinapa.” Luego, el 1o de Julio, el PRI perdió estrepitosamente las elecciones presidenciales. El nuevo presidente electo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que no habrá obstáculos para investigar y “conocer realmente lo que sucedió con los 43 jóvenes de Ayotzinapa.” Algunos grupos de derechos humanos se muestran escépticos: La Policía Federal (PF), la Procuraduría General de la República (PGR) y el Ejército van a oponer mucha resistencia a que realmente se investigue; “van a ser obstáculos serios que nos van a impedir el esclarecimiento de los hechos", afirmó el abogado Vidulfo Rosales del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan. Como sea, Alejandro Encinas, --político de centro izquierda y ex miembro del Partido Comunista Mexicano-- ha sido nombrado “Subsecretario de Derechos Humanos” del próximo gobierno de AMLO. Una de sus primeras acciones fue reunirse con las Madres y Padres de los 43 y declarar que sí se formará una comisión de la verdad para Ayotzinapa, incluso, indicó, si el Poder Judicial se niega a hacerlo. Sólo se necesita, precisó, “voluntad política.” El nuevo gobierno empieza el 1o. de diciembre de 2018. El caso judicial del crimen de Iguala sigue abierto. “Ayotzi vive, la lucha sigue.”